En una carta de 18 páginas, la Convención Americana de los DDHH, alerta a la Asamblea sobre "ambigüedades del Proyecto de Ley" Trece observaciones al Proyecto de Ley de Comunicación planteado por el oficialismo, y, cuyo segundo y definitivo debate está previsto que se realice luego de concluido el receso legislativo, realizó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). A través de una carta, remitida el pasado 10 de agosto al presidente de la Función Legislativa, Fernando Cordero, el organismo regional resaltó los avances en el diálogo para la elaboración del Proyecto de Ley, aunque no dejó de mostrar su preocupación por varios artículos de la normativa.
Carolina Botero, relatora del organismo, criticó el contenido del artículo 9, que establece que la información deberá ser veraz, verificada, oportuna..., requisitos que resultan ser "incompatibles con los instrumentos internacionales". También, la profesionalización de los periodistas, artículo 18 de la norma ecuatoriana, que resultaría ser una "restricción ilegítima a la libertad de expresión", por cuanto contraviene uno de los primeros pronunciamientos de la Convención en cuanto al ejercicio pleno del periodismo. Sobre el régimen de obligaciones, la Relatoría advirtió que la restricción para los medios de comunicación deben definirse en forma clara y precisa, ya que las obligaciones que impone el Proyecto pueden resultar "ambiguas y exorbitantes".
"La falta de precisión o claridad podría impedir de manera injustificada la operación e incluso la existencia de medios de comunicación que no puedan soportar las obligaciones impuestas", puntualiza la misiva. Se critica, además, que la generalidad del Proyecto de Ley impone obligaciones a todos los medios, sin distinguir entre grandes, pequeños, alternativos, universitarios, y otros, que no estarían en la capacidad de cumplir el Régimen de Obligaciones, y "podrían cerrarse o simplemente nunca existir".
Botero, alerta sobre la exigencia de la utilización de un Código de Ética, el que deberá ser elaborado por cada medio de comunicación, cuyo control en su aplicación lo tendrán el Consejo de Comunicación y delegados territoriales. A su juicio, "la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados". Este Diario, hasta el cierre de esta edición, intentó comunicarse telefónicamente con Mauro Andino, presidente de la Comisión de Comunicación, para conocer si se incluirán estas sugerencias en el Proyecto de Ley. Sin embargo, no fue posible contactarlo. (SH)
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