Comité cívico rechazó criminalización y judicialización de la protesta popular

El Comité Cívico se volvió a reunir ayer. Presidido por la prefecta de Esmeraldas, los miembros del Comité analizaron la situación que atraviesan las autoridades locales, funcionarios y demás esmeraldeños que están siendo víctimas de la represión debido a que se han manifestado abiertamente en contra la pretensión de llamar a una consulta popular en La Concordia. Juan Alcívar, comunicador social de La Concordia, denunció que él está siendo víctima de presiones y amenazas, e inclusive se lo pretenden involucrar con el estallido de una bomba lacrimógena, por defender la tesis de que La Concordia es de Esmeraldas.
Henán Chila, rector del instituto Eloy Alfaro, dijo que la intención de sancionarlos por la marcha que realizaron los estudiantes es ilegal y dijo que ellos no claudicarán en su respaldo al Comité Cívico. En esta reunión participó un delegado del alcalde de Rioverde, Luís López, quien aseguró que el Comité Cívico cuenta con el respaldo del pueblo de Rioverde. Luego de 3 horas de reunión, donde los asambleístas Lenin Chica y Linder Altafuya, se manifestaron a favor de continuar con acciones de resistencia a la tesis del presidente de llamar a una consulta popular, los miembros de este comité resolvieron continuar en la difusión de todo lo referente a la cantonización de La Concordia a favor de Esmeraldas, que ya es ley de la República.
Rechazar la remoción de sus funciones del Defensor Público, Omar Mina y respaldar a los rectore que pretenden ser separados del cargo. Además de rechazar la criminalización y judicialización de la protesta y solidarizarse con todos quienes son víctimas de la represión y persecución. El Comité Cívico resolvió trabajar para publicar un vídeo en la televisión nacional la verdad sobre los hechos ocurridos en La Concordia. “Vamos a demostrar quienes son los violentos”, dijo la prefecta Lucía Sosa. Además se resolvió pedir que se levante las medidas de represión y militarización que se está dando en La Concordia, donde sus habitantes denuncian acoso de parte de los uniformados.